miércoles, 3 de febrero de 2010
jueves, 13 de agosto de 2009
Cerca de un tercio de los concursos de la Alta Dirección Pública se han declarado desiertos
El Estado invierte $5 millones por cada proceso de búsqueda de profesionales. Aunque hay consenso en que el sistema es perfectible, la ley que lo pretende mejorar duerme en el Congreso hace casi dos años.
Bernardita Serrano y Paloma Díaz
A fines de marzo el head hunter que estaba a cargo del proceso de selección del nuevo Superintendente de Quiebras -HK Human Capital- contactó a Francisco Cuadrado para ver si le interesaba postular al concurso que se estaba iniciando.
Cuadrado es abogado y fiscal de una compañía estadounidense de seguros de vida. Además, es síndico desde hace cuatro años y tiene la mejor nota, a nivel nacional, en la prueba de conocimientos que se hace a los síndicos.
La última entrevista que tuvo fue con miembros del Consejo de Alta Dirección Pública. "Estuvimos hablando de modificaciones y de cómo se podía mejorar el sistema", asegura Cuadrado quien cuenta que siempre comentó que era militante de la UDI.
Finalmente su nombre y el de otros tres candidatos (un abogado y dos ingenieros comerciales), llegaron al escritorio de la Presidenta para llenar la vacante, pero el concurso fue declarado desierto.
Gasto millonario
Desde la creación del sistema en 2004, 223 procesos como el de la Superintendencia han sido declarados desiertos por las autoridades o por el Consejo de Alta Dirección Pública, de un total de 751 que se han realizado.
La decisión de no llenar la vacante con los candidatos disponibles, le ha significado un gasto al Estado -y a los contribuyentes- de $1.103 millones.
Y en las últimas semanas, el hecho de que dos concursos importantes hayan sido declarados desiertos -Cochilco y el de la Superintendencia de Quiebras- ha dejado en claro que aunque los candidatos sean elegidos por profesionales del rubro y reciban el visto bueno de los miembros de un Consejo integrado por profesionales de todos los sectores políticos, no siempre se logra el objetivo. Si la autoridad no encuentra lo que busca entre las tres, cuatro o cinco opciones que le presentan, puede dejar el puesto vacante y durante el tiempo que estime conveniente.
Es más, sólo este año han sido declarados desiertos 49 concursos lo que se traduce en un gasto aproximado de $240 millones en procesos que incluso pueden terminar antes de que se elija la terna final si es que así lo define el Consejo encargado de proponer a los candidatos.
Según cuenta Rossana Pérez, directora del Servicio Civil, la posibilidad de declarar desiertos los procesos está dentro de la ley y asegura que el porcentaje de concursos declarados desiertos es bastante bajo. "Este sistema busca garantizar que la nómina que se envía sea de gente competente. Lo que nosotros hacemos es proponer", explica.
¿Factor político?
Que se pierde tiempo, plata, que lo que prima es la política y que se genera ruido en un sistema que fue creado para terminar con la "elección a dedo", es parte de los comentarios que se escuchan sobre un sistema que se creó bajo el consenso de todos los sectores políticos.
Sin embargo, desde el mismo Consejo de Alta Dirección Pública defienden el sistema. "La Presidenta tiene derecho a rechazar las nóminas y de despedir al elegido. A mí me parece más transparente rechazar la nómina que nombrar a alguien para que esté dos días", cuenta Rosanna Costa, miembro del Consejo de la Alta Dirección Pública, quien aunque considera que el sistema funciona bien, cree que hay espacio para el perfeccionamiento (ver recuadro).
Frente a la pregunta de si opera o no la política en la elección final, Mario Waissbluth, quien también es miembro del Consejo que "visa" la terna final, asegura: "No escogemos 'tecnócratas', sino que gente con talento técnico y habilidad negociadora, lo cual no significa 'partidocracia'. Es natural que a veces haya presiones, en gobiernos de cualquier color, y en otros casos no. Lo que nos importa es que, en cada terna, todos los integrantes cumplan con competencias".
Si los concursos son declarados desiertos por la autoridad, los que llegaron a la terna final no pueden volver a postularse al mismo cargo. Mientras algunos consideran que es adecuado, para otros esto presenta un problema porque creen que para el concurso siguiente llegará a la terna la "segunda línea" del primer concurso. "Ahí están los operadores políticos y los recomendados. Y aunque se cumple el proceso, llegan al puesto los que el Gobierno quiere", comentan.
$5 millones paga el Estado, en promedio, por llenar un cargo a través de la Alta Dirección Pública.
16% de los profesionales que llegan a los cargos proviene del sector privado.
6 veces consecutivas ha sido declarado desierto un mismo concurso.
Bernardita Serrano y Paloma Díaz
A fines de marzo el head hunter que estaba a cargo del proceso de selección del nuevo Superintendente de Quiebras -HK Human Capital- contactó a Francisco Cuadrado para ver si le interesaba postular al concurso que se estaba iniciando.
Cuadrado es abogado y fiscal de una compañía estadounidense de seguros de vida. Además, es síndico desde hace cuatro años y tiene la mejor nota, a nivel nacional, en la prueba de conocimientos que se hace a los síndicos.
La última entrevista que tuvo fue con miembros del Consejo de Alta Dirección Pública. "Estuvimos hablando de modificaciones y de cómo se podía mejorar el sistema", asegura Cuadrado quien cuenta que siempre comentó que era militante de la UDI.
Finalmente su nombre y el de otros tres candidatos (un abogado y dos ingenieros comerciales), llegaron al escritorio de la Presidenta para llenar la vacante, pero el concurso fue declarado desierto.
Gasto millonario
Desde la creación del sistema en 2004, 223 procesos como el de la Superintendencia han sido declarados desiertos por las autoridades o por el Consejo de Alta Dirección Pública, de un total de 751 que se han realizado.
La decisión de no llenar la vacante con los candidatos disponibles, le ha significado un gasto al Estado -y a los contribuyentes- de $1.103 millones.
Y en las últimas semanas, el hecho de que dos concursos importantes hayan sido declarados desiertos -Cochilco y el de la Superintendencia de Quiebras- ha dejado en claro que aunque los candidatos sean elegidos por profesionales del rubro y reciban el visto bueno de los miembros de un Consejo integrado por profesionales de todos los sectores políticos, no siempre se logra el objetivo. Si la autoridad no encuentra lo que busca entre las tres, cuatro o cinco opciones que le presentan, puede dejar el puesto vacante y durante el tiempo que estime conveniente.
Es más, sólo este año han sido declarados desiertos 49 concursos lo que se traduce en un gasto aproximado de $240 millones en procesos que incluso pueden terminar antes de que se elija la terna final si es que así lo define el Consejo encargado de proponer a los candidatos.
Según cuenta Rossana Pérez, directora del Servicio Civil, la posibilidad de declarar desiertos los procesos está dentro de la ley y asegura que el porcentaje de concursos declarados desiertos es bastante bajo. "Este sistema busca garantizar que la nómina que se envía sea de gente competente. Lo que nosotros hacemos es proponer", explica.
¿Factor político?
Que se pierde tiempo, plata, que lo que prima es la política y que se genera ruido en un sistema que fue creado para terminar con la "elección a dedo", es parte de los comentarios que se escuchan sobre un sistema que se creó bajo el consenso de todos los sectores políticos.
Sin embargo, desde el mismo Consejo de Alta Dirección Pública defienden el sistema. "La Presidenta tiene derecho a rechazar las nóminas y de despedir al elegido. A mí me parece más transparente rechazar la nómina que nombrar a alguien para que esté dos días", cuenta Rosanna Costa, miembro del Consejo de la Alta Dirección Pública, quien aunque considera que el sistema funciona bien, cree que hay espacio para el perfeccionamiento (ver recuadro).
Frente a la pregunta de si opera o no la política en la elección final, Mario Waissbluth, quien también es miembro del Consejo que "visa" la terna final, asegura: "No escogemos 'tecnócratas', sino que gente con talento técnico y habilidad negociadora, lo cual no significa 'partidocracia'. Es natural que a veces haya presiones, en gobiernos de cualquier color, y en otros casos no. Lo que nos importa es que, en cada terna, todos los integrantes cumplan con competencias".
Si los concursos son declarados desiertos por la autoridad, los que llegaron a la terna final no pueden volver a postularse al mismo cargo. Mientras algunos consideran que es adecuado, para otros esto presenta un problema porque creen que para el concurso siguiente llegará a la terna la "segunda línea" del primer concurso. "Ahí están los operadores políticos y los recomendados. Y aunque se cumple el proceso, llegan al puesto los que el Gobierno quiere", comentan.
$5 millones paga el Estado, en promedio, por llenar un cargo a través de la Alta Dirección Pública.
16% de los profesionales que llegan a los cargos proviene del sector privado.
6 veces consecutivas ha sido declarado desierto un mismo concurso.
jueves, 12 de junio de 2008
martes, 10 de junio de 2008
Delincuencia en Las Condes
Delincuencia en Las Condes
Conmoción está generando la seguidilla de asaltos que están ocurriendo en el sector oriente de la capital y especialmente en la comuna de Las Condes. Lo cierto es que sólo en el último mes se han registrado 60 atracos en esta zona, algunos de alta connotación pública por el impacto y la forma de operar de los antisociales, que no les importa si hay o no moradores en las casas que son objeto de su acción delictual.
Esto ha generado una reacción en la Fiscalía Oriente y en los organismos policiales, que acaban de anunciar la conformación de una fuerza especial para detener a las bandas que está cometiendo los ilícitos, acción que podría durar 15 días, según informan fuentes policiales.
Este anuncio demuestra una vez más que en Chile estamos reaccionando frente a la delincuencia y no anticipándonos a ella. Resulta paradójico que recién ahora se desarrollen acciones complementarias para combatir el flagelo en las comunas del sector oriente, cuando el aumento de los atracos se venía denunciando hace varios meses atrás.
Hasta ahora, el argumento de los fiscales es señalar que ha habido un aumento en las denuncias pero no en los delitos, que para el caso da igual, porque disminución no ha habido en ningún caso y las autoridades tienden a responsabilizar a los afectados por la escasa precaución que tienen frente al actuar de los ladrones; o sea, ahora además las víctimas pasan a ser victimarios de los propios robos que padecen!!!
He estado trabajando con vecinos de San Carlos de Apoquindo que se han visto afectados para reforzar las medidas de seguridad en conjunto con la municipalidad de Las Condes, que está otorgando recursos para implementar planes de seguridad vecinal cofinanciados, lo que es un avance, pero aún se está lejos de obtener buenos resultados, mientras no se apliquen políticas integrales y complementarias para el combate de la delincuencia que son facultativas del Estado a través del gobierno central.
En primer término, lo que se debe promover es el aumento de la penalización a los individuos reincidentes, de modo que se acabe de una buena vez el espectáculo de ver como los asaltantes tienen un amplio prontuario policial cada vez que son detenidos, rol que le compete tanto a los parlamentarios, que deben legislar y endurecer las normas en este sentido, y los jueces, para que no sean garantistas con los antisociales, al aplicar siempre las menores tipificaciones que la ley establece.
En segundo lugar, se les deben otorgar mayores potestades a los municipios para que asuman labores en materia de seguridad que hoy son complementarias a las tareas policiales, que alivien el actuar de las policías, ya que parte importante de los recursos humanos de Carabineros, por ejemplo en Las Condes, se consumen en la supervigilancia de las medidas cautelares por el aumento de violencia intrafamiliar, los puntos fijos para el cuidado de las sedes diplomáticas y hasta roles domésticos como fiscalizar denuncias de ruidos molestos o conflictos entre vecinos, funciones que podrían asumir perfectamente los municipios.
Otro aspecto importante es la colaboración y solidaridad de los vecinos entre sí, ya que parte importante de los delitos se comenten por la ausencia de una cultura comunitaria entre los habitantes de Las Condes, ya que cuando ocurren hechos de esta naturaleza, por lo general nadie conoce al resto en el barrio, lo que podría favorecer a disminuir los escenarios propicios para que los delincuentes actúen.
Muchos optan por gastar millones en artefactos de seguridad y alarmas antes que darse el tiempo de conocer a sus vecinos y apoyarse mutuamente, como puede ser dejar encargada la casa cuando no haya moradores, pedir el retiro de la correspondencia o diarios cuando se salga de la ciudad por un período prolongado o agruparse frente a situaciones o personas sospechosas.
Todas estas acciones en su conjunto -no de forma aislada- pueden ayudar a frenar los actuales índices de robos que se están generando, pero el primer paso lo debe dar la autoridad, ofreciendo una señal rotunda de que robar en Chile no es gratis y que tiene un costo para quienes se atrevan a hacerlo, y así terminar con “el festín a la romana” que se están dando los ladrones en Las Condes y otras comunas del sector oriente.
Esto ha generado una reacción en la Fiscalía Oriente y en los organismos policiales, que acaban de anunciar la conformación de una fuerza especial para detener a las bandas que está cometiendo los ilícitos, acción que podría durar 15 días, según informan fuentes policiales.
Este anuncio demuestra una vez más que en Chile estamos reaccionando frente a la delincuencia y no anticipándonos a ella. Resulta paradójico que recién ahora se desarrollen acciones complementarias para combatir el flagelo en las comunas del sector oriente, cuando el aumento de los atracos se venía denunciando hace varios meses atrás.
Hasta ahora, el argumento de los fiscales es señalar que ha habido un aumento en las denuncias pero no en los delitos, que para el caso da igual, porque disminución no ha habido en ningún caso y las autoridades tienden a responsabilizar a los afectados por la escasa precaución que tienen frente al actuar de los ladrones; o sea, ahora además las víctimas pasan a ser victimarios de los propios robos que padecen!!!
He estado trabajando con vecinos de San Carlos de Apoquindo que se han visto afectados para reforzar las medidas de seguridad en conjunto con la municipalidad de Las Condes, que está otorgando recursos para implementar planes de seguridad vecinal cofinanciados, lo que es un avance, pero aún se está lejos de obtener buenos resultados, mientras no se apliquen políticas integrales y complementarias para el combate de la delincuencia que son facultativas del Estado a través del gobierno central.
En primer término, lo que se debe promover es el aumento de la penalización a los individuos reincidentes, de modo que se acabe de una buena vez el espectáculo de ver como los asaltantes tienen un amplio prontuario policial cada vez que son detenidos, rol que le compete tanto a los parlamentarios, que deben legislar y endurecer las normas en este sentido, y los jueces, para que no sean garantistas con los antisociales, al aplicar siempre las menores tipificaciones que la ley establece.
En segundo lugar, se les deben otorgar mayores potestades a los municipios para que asuman labores en materia de seguridad que hoy son complementarias a las tareas policiales, que alivien el actuar de las policías, ya que parte importante de los recursos humanos de Carabineros, por ejemplo en Las Condes, se consumen en la supervigilancia de las medidas cautelares por el aumento de violencia intrafamiliar, los puntos fijos para el cuidado de las sedes diplomáticas y hasta roles domésticos como fiscalizar denuncias de ruidos molestos o conflictos entre vecinos, funciones que podrían asumir perfectamente los municipios.
Otro aspecto importante es la colaboración y solidaridad de los vecinos entre sí, ya que parte importante de los delitos se comenten por la ausencia de una cultura comunitaria entre los habitantes de Las Condes, ya que cuando ocurren hechos de esta naturaleza, por lo general nadie conoce al resto en el barrio, lo que podría favorecer a disminuir los escenarios propicios para que los delincuentes actúen.
Muchos optan por gastar millones en artefactos de seguridad y alarmas antes que darse el tiempo de conocer a sus vecinos y apoyarse mutuamente, como puede ser dejar encargada la casa cuando no haya moradores, pedir el retiro de la correspondencia o diarios cuando se salga de la ciudad por un período prolongado o agruparse frente a situaciones o personas sospechosas.
Todas estas acciones en su conjunto -no de forma aislada- pueden ayudar a frenar los actuales índices de robos que se están generando, pero el primer paso lo debe dar la autoridad, ofreciendo una señal rotunda de que robar en Chile no es gratis y que tiene un costo para quienes se atrevan a hacerlo, y así terminar con “el festín a la romana” que se están dando los ladrones en Las Condes y otras comunas del sector oriente.
Carlos Cuadrado S.
Candidato a Concejal por Las Condes
Candidato a Concejal por Las Condes
miércoles, 4 de junio de 2008
martes, 3 de junio de 2008
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