El Estado invierte $5 millones por cada proceso de búsqueda de profesionales. Aunque hay consenso en que el sistema es perfectible, la ley que lo pretende mejorar duerme en el Congreso hace casi dos años.
Bernardita Serrano y Paloma Díaz
A fines de marzo el head hunter que estaba a cargo del proceso de selección del nuevo Superintendente de Quiebras -HK Human Capital- contactó a Francisco Cuadrado para ver si le interesaba postular al concurso que se estaba iniciando.
Cuadrado es abogado y fiscal de una compañía estadounidense de seguros de vida. Además, es síndico desde hace cuatro años y tiene la mejor nota, a nivel nacional, en la prueba de conocimientos que se hace a los síndicos.
La última entrevista que tuvo fue con miembros del Consejo de Alta Dirección Pública. "Estuvimos hablando de modificaciones y de cómo se podía mejorar el sistema", asegura Cuadrado quien cuenta que siempre comentó que era militante de la UDI.
Finalmente su nombre y el de otros tres candidatos (un abogado y dos ingenieros comerciales), llegaron al escritorio de la Presidenta para llenar la vacante, pero el concurso fue declarado desierto.
Gasto millonario
Desde la creación del sistema en 2004, 223 procesos como el de la Superintendencia han sido declarados desiertos por las autoridades o por el Consejo de Alta Dirección Pública, de un total de 751 que se han realizado.
La decisión de no llenar la vacante con los candidatos disponibles, le ha significado un gasto al Estado -y a los contribuyentes- de $1.103 millones.
Y en las últimas semanas, el hecho de que dos concursos importantes hayan sido declarados desiertos -Cochilco y el de la Superintendencia de Quiebras- ha dejado en claro que aunque los candidatos sean elegidos por profesionales del rubro y reciban el visto bueno de los miembros de un Consejo integrado por profesionales de todos los sectores políticos, no siempre se logra el objetivo. Si la autoridad no encuentra lo que busca entre las tres, cuatro o cinco opciones que le presentan, puede dejar el puesto vacante y durante el tiempo que estime conveniente.
Es más, sólo este año han sido declarados desiertos 49 concursos lo que se traduce en un gasto aproximado de $240 millones en procesos que incluso pueden terminar antes de que se elija la terna final si es que así lo define el Consejo encargado de proponer a los candidatos.
Según cuenta Rossana Pérez, directora del Servicio Civil, la posibilidad de declarar desiertos los procesos está dentro de la ley y asegura que el porcentaje de concursos declarados desiertos es bastante bajo. "Este sistema busca garantizar que la nómina que se envía sea de gente competente. Lo que nosotros hacemos es proponer", explica.
¿Factor político?
Que se pierde tiempo, plata, que lo que prima es la política y que se genera ruido en un sistema que fue creado para terminar con la "elección a dedo", es parte de los comentarios que se escuchan sobre un sistema que se creó bajo el consenso de todos los sectores políticos.
Sin embargo, desde el mismo Consejo de Alta Dirección Pública defienden el sistema. "La Presidenta tiene derecho a rechazar las nóminas y de despedir al elegido. A mí me parece más transparente rechazar la nómina que nombrar a alguien para que esté dos días", cuenta Rosanna Costa, miembro del Consejo de la Alta Dirección Pública, quien aunque considera que el sistema funciona bien, cree que hay espacio para el perfeccionamiento (ver recuadro).
Frente a la pregunta de si opera o no la política en la elección final, Mario Waissbluth, quien también es miembro del Consejo que "visa" la terna final, asegura: "No escogemos 'tecnócratas', sino que gente con talento técnico y habilidad negociadora, lo cual no significa 'partidocracia'. Es natural que a veces haya presiones, en gobiernos de cualquier color, y en otros casos no. Lo que nos importa es que, en cada terna, todos los integrantes cumplan con competencias".
Si los concursos son declarados desiertos por la autoridad, los que llegaron a la terna final no pueden volver a postularse al mismo cargo. Mientras algunos consideran que es adecuado, para otros esto presenta un problema porque creen que para el concurso siguiente llegará a la terna la "segunda línea" del primer concurso. "Ahí están los operadores políticos y los recomendados. Y aunque se cumple el proceso, llegan al puesto los que el Gobierno quiere", comentan.
$5 millones paga el Estado, en promedio, por llenar un cargo a través de la Alta Dirección Pública.
16% de los profesionales que llegan a los cargos proviene del sector privado.
6 veces consecutivas ha sido declarado desierto un mismo concurso.
Bernardita Serrano y Paloma Díaz
A fines de marzo el head hunter que estaba a cargo del proceso de selección del nuevo Superintendente de Quiebras -HK Human Capital- contactó a Francisco Cuadrado para ver si le interesaba postular al concurso que se estaba iniciando.
Cuadrado es abogado y fiscal de una compañía estadounidense de seguros de vida. Además, es síndico desde hace cuatro años y tiene la mejor nota, a nivel nacional, en la prueba de conocimientos que se hace a los síndicos.
La última entrevista que tuvo fue con miembros del Consejo de Alta Dirección Pública. "Estuvimos hablando de modificaciones y de cómo se podía mejorar el sistema", asegura Cuadrado quien cuenta que siempre comentó que era militante de la UDI.
Finalmente su nombre y el de otros tres candidatos (un abogado y dos ingenieros comerciales), llegaron al escritorio de la Presidenta para llenar la vacante, pero el concurso fue declarado desierto.
Gasto millonario
Desde la creación del sistema en 2004, 223 procesos como el de la Superintendencia han sido declarados desiertos por las autoridades o por el Consejo de Alta Dirección Pública, de un total de 751 que se han realizado.
La decisión de no llenar la vacante con los candidatos disponibles, le ha significado un gasto al Estado -y a los contribuyentes- de $1.103 millones.
Y en las últimas semanas, el hecho de que dos concursos importantes hayan sido declarados desiertos -Cochilco y el de la Superintendencia de Quiebras- ha dejado en claro que aunque los candidatos sean elegidos por profesionales del rubro y reciban el visto bueno de los miembros de un Consejo integrado por profesionales de todos los sectores políticos, no siempre se logra el objetivo. Si la autoridad no encuentra lo que busca entre las tres, cuatro o cinco opciones que le presentan, puede dejar el puesto vacante y durante el tiempo que estime conveniente.
Es más, sólo este año han sido declarados desiertos 49 concursos lo que se traduce en un gasto aproximado de $240 millones en procesos que incluso pueden terminar antes de que se elija la terna final si es que así lo define el Consejo encargado de proponer a los candidatos.
Según cuenta Rossana Pérez, directora del Servicio Civil, la posibilidad de declarar desiertos los procesos está dentro de la ley y asegura que el porcentaje de concursos declarados desiertos es bastante bajo. "Este sistema busca garantizar que la nómina que se envía sea de gente competente. Lo que nosotros hacemos es proponer", explica.
¿Factor político?
Que se pierde tiempo, plata, que lo que prima es la política y que se genera ruido en un sistema que fue creado para terminar con la "elección a dedo", es parte de los comentarios que se escuchan sobre un sistema que se creó bajo el consenso de todos los sectores políticos.
Sin embargo, desde el mismo Consejo de Alta Dirección Pública defienden el sistema. "La Presidenta tiene derecho a rechazar las nóminas y de despedir al elegido. A mí me parece más transparente rechazar la nómina que nombrar a alguien para que esté dos días", cuenta Rosanna Costa, miembro del Consejo de la Alta Dirección Pública, quien aunque considera que el sistema funciona bien, cree que hay espacio para el perfeccionamiento (ver recuadro).
Frente a la pregunta de si opera o no la política en la elección final, Mario Waissbluth, quien también es miembro del Consejo que "visa" la terna final, asegura: "No escogemos 'tecnócratas', sino que gente con talento técnico y habilidad negociadora, lo cual no significa 'partidocracia'. Es natural que a veces haya presiones, en gobiernos de cualquier color, y en otros casos no. Lo que nos importa es que, en cada terna, todos los integrantes cumplan con competencias".
Si los concursos son declarados desiertos por la autoridad, los que llegaron a la terna final no pueden volver a postularse al mismo cargo. Mientras algunos consideran que es adecuado, para otros esto presenta un problema porque creen que para el concurso siguiente llegará a la terna la "segunda línea" del primer concurso. "Ahí están los operadores políticos y los recomendados. Y aunque se cumple el proceso, llegan al puesto los que el Gobierno quiere", comentan.
$5 millones paga el Estado, en promedio, por llenar un cargo a través de la Alta Dirección Pública.
16% de los profesionales que llegan a los cargos proviene del sector privado.
6 veces consecutivas ha sido declarado desierto un mismo concurso.
