Razón tenía Max Weber al señalar que el eje sustentador de todo sistema político es la coerción y el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Su inexistencia logra desvanecer el orden social e institucional volviendo al estado de naturaleza planteado por Hobbes.
Los hechos ocurridos el 11 de septiembre que terminaron con la vida del funcionario de Carabineros, Cristián Vera, vienen a confirmar que en Chile estamos frente a un debilitamiento de la autoridad, lo que tiene una explicación muy profunda.
Durante 17 años, muchos de los dirigentes oficialistas que han tomado las decisiones en materia de orden y seguridad fueron víctimas de apremios de distinta índole durante el régimen militar, lo que trasuntó en un ingente temor hacia el concepto de “represión”. Cualquier acto de esta naturaleza que ha emanado de los organismos policiales para resguardar la paz social ha sido fuertemente rechazado y castigado por los gobiernos concertacionistas, al punto que muchos han debido abandonar el uniforme por “excederse en sus funciones”.
Si a esto sumamos que los mismos dirigentes han exacerbado la defensa de los derechos en desmedro de los deberes ciudadanos, la ecuación se vuelve negativa; más aún, si quienes están llamados a dar el ejemplo en esta materia han sido incapaces de hacer valer el concepto de responsabilidad política cuando han cometido errores... la señal hacia la ciudadanía es lamentable.
Los países con altos estándares democráticos como Francia no escatiman en reprimir con dureza a los desadaptados si es que el orden social se ve vulnerado.
Llegó el minuto en que los dirigentes oficialistas dejen atrás los traumas del pasado y actúen pensando en los millones de chilenos víctimas de la violencia.
Los hechos ocurridos el 11 de septiembre que terminaron con la vida del funcionario de Carabineros, Cristián Vera, vienen a confirmar que en Chile estamos frente a un debilitamiento de la autoridad, lo que tiene una explicación muy profunda.
Durante 17 años, muchos de los dirigentes oficialistas que han tomado las decisiones en materia de orden y seguridad fueron víctimas de apremios de distinta índole durante el régimen militar, lo que trasuntó en un ingente temor hacia el concepto de “represión”. Cualquier acto de esta naturaleza que ha emanado de los organismos policiales para resguardar la paz social ha sido fuertemente rechazado y castigado por los gobiernos concertacionistas, al punto que muchos han debido abandonar el uniforme por “excederse en sus funciones”.
Si a esto sumamos que los mismos dirigentes han exacerbado la defensa de los derechos en desmedro de los deberes ciudadanos, la ecuación se vuelve negativa; más aún, si quienes están llamados a dar el ejemplo en esta materia han sido incapaces de hacer valer el concepto de responsabilidad política cuando han cometido errores... la señal hacia la ciudadanía es lamentable.
Los países con altos estándares democráticos como Francia no escatiman en reprimir con dureza a los desadaptados si es que el orden social se ve vulnerado.
Llegó el minuto en que los dirigentes oficialistas dejen atrás los traumas del pasado y actúen pensando en los millones de chilenos víctimas de la violencia.
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